En una audiencia de reconocimiento de verdad realizada en Barranquilla, diez exintegrantes de la fuerza pública aceptaron su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos relacionadas con los llamados “falsos positivos”, en el marco del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante dos jornadas, los comparecientes admitieron su participación en más de 600 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en varios departamentos de la Costa Caribe, entre ellos Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, en el periodo comprendido entre 2002 y 2008.El acto tuvo un fuerte componente simbólico y de reparación.

Familiares de las víctimas recrearon escenas de dolor vividas tras la pérdida de sus seres queridos, muchos de los cuales fueron asesinados y posteriormente presentados falsamente como bajas en combate.

Las víctimas, en medio de una puesta en escena cargada de memoria y duelo, exigieron verdad y reconocimiento del daño causado, reiterando que, aunque sus familiares fueron asesinados, su memoria permanece viva.

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia fue la intervención de un exalto oficial, quien afirmó de manera categórica: “Yo soy máximo responsable”, reconociendo la existencia de órdenes, presiones por resultados y mecanismos de encubrimiento dentro de las estructuras militares que facilitaron estos crímenes.

Esta declaración marcó un hito dentro del proceso de justicia transicional, al tratarse de un reconocimiento explícito de responsabilidad en hechos sistemáticos.

La JEP continúa avanzando en la documentación de estos patrones criminales, que han sido considerados uno de los capítulos más graves del conflicto armado colombiano.

Las audiencias buscan dignificar a las víctimas, esclarecer la verdad y establecer responsabilidades individuales y colectivas dentro de la fuerza pública y otros actores involucrados.