El nuevo Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicado por el gobierno interino, introduce cambios importantes para la participación privada en la industria petrolera venezolana, pero según el jurista José Ignacio Hernández todavía mantiene importantes obstáculos que podrían frenar la llegada de inversiones.

El especialista sostiene que, aunque el reglamento aclara algunos aspectos del marco fiscal y permite una mayor participación de empresas privadas en actividades como exploración, producción, refinación, comercialización y exportación de hidrocarburos, incorpora al menos once barreras regulatorias que reducen la seguridad jurídica de los inversionistas.

Entre las principales observaciones se encuentran la amplia discrecionalidad otorgada al Ministerio de Hidrocarburos para definir condiciones fiscales y aprobar planes de negocio, la falta de claridad sobre el equilibrio financiero de los contratos, las limitaciones al arbitraje internacional para resolver controversias, así como mayores controles administrativos, de inspección y sanción.

Hernández considera que estas condiciones no generan los incentivos necesarios para atraer los miles de millones de dólares en inversión requeridos para recuperar la producción petrolera del país.

El reglamento también restablece la posibilidad de que empresas privadas operen estaciones de servicio y obliga a las compañías petroleras a garantizar su propio suministro eléctrico mediante sistemas de autogeneración o contratos con terceros, debido a las limitaciones del sistema eléctrico nacional.

Aunque el gobierno presenta la reforma como un paso histórico para desarrollar las reservas petroleras venezolanas y atraer capital extranjero, expertos consideran que todavía serán necesarias nuevas mejoras regulatorias para ofrecer mayor confianza a los inversionistas nacionales e internacionales.