La desaparición de ocho niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder, en Conocoto, Quito, ha reabierto el debate sobre la capacidad del Estado para garantizar la protección integral de los menores bajo su tutela.

Aunque seis de ellos ya fueron localizados, dos continúan desaparecidos, lo que ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de control, supervisión y respuesta de los centros de acogida administrados o vigilados por el Ministerio de Desarrollo Humano.

El caso ha evidenciado posibles fallas en la coordinación institucional, la falta de supervisión constante y limitaciones en la aplicación de protocolos de seguridad.

Especialistas consultados coinciden en que el problema no se reduce únicamente a la infraestructura o al modelo de gestión, sino a la debilidad del sistema de protección en su conjunto, incluyendo la escasez de recursos y la demora en procesos judiciales relacionados con la niñez.

Desde la perspectiva de exautoridades y expertos en seguridad, el Estado es responsable directo de garantizar la integridad de los menores bajo su custodia, lo que implica una vigilancia permanente y una correcta articulación entre instituciones.

Además, se ha señalado la necesidad de investigar si la salida de los niños fue voluntaria o si existió intervención de terceros, así como determinar responsabilidades administrativas o legales.

En el ámbito psicológico, especialistas destacan que la prevención de fugas no puede basarse solo en medidas de control físico, sino que debe incluir acompañamiento emocional constante, espacios de confianza y atención a las necesidades afectivas de los menores.

También se insiste en la capacitación del personal de los centros de acogida para fortalecer la contención emocional y mejorar el cuidado integral de los niños.