El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Ohio emitió una orden que obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a reanudar el procesamiento de solicitudes migratorias que habían sido paralizadas por políticas administrativas.Esta decisión, tomada el 6 de julio por el juez Algenon L.Marbley, se da en el marco del caso John Doe 1 v.Joseph B.Edlow, donde se suspende provisionalmente la aplicación de tres directrices internas que detenían la resolución de beneficios migratorios.La medida afecta a ciudadanos de países incluidos en las restricciones de viaje establecidas durante el gobierno de Donald Trump.

El juez concluyó que los demandantes demostraron suficientes fundamentos para sostener que esas políticas podrían ser incompatibles con la legislación federal.

El USCIS deberá retomar el análisis de solicitudes como la residencia permanente (I-485), documentos de viaje (I-131) y autorizaciones de empleo (I-765), con un plazo de 30 días para resolver estos trámites.Además, se ajustará la vigencia de permisos para programas de Capacitación Práctica Opcional para compensar el tiempo perdido durante la suspensión.

Esta decisión refleja la lucha legal entre el USCIS y grupos que cuestionan las políticas migratorias, destacando la importancia de garantizar el acceso a beneficios legales para quienes cumplen con los requisitos.

La resolución busca equilibrar la legalidad y la eficiencia en el sistema migratorio estadounidense, generando expectativas sobre el impacto en la comunidad inmigrante.