El gobierno peruano modificó la metodología para calcular la deuda agraria que se debe a los propietarios de tierras expropiadas durante la Reforma Agraria de 1969.

Esta decisión responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que señaló que la fórmula anterior no reflejaba adecuadamente el valor real de la deuda.

La nueva metodología incorpora criterios financieros como el tipo de cambio de paridad y la tasa de interés de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, asegurando que el monto actualizado conserve el valor real de la deuda hasta la fecha del pago.La medida afecta tanto solicitudes futuras como procedimientos en trámite y pendientes de pago, obligando a ajustar los cálculos a las nuevas reglas.La Asociación de Bonistas de la Reforma Agraria estimó que la deuda actual asciende a aproximadamente S/3.000 millones, lo que implica un impacto significativo en el presupuesto del Estado.

Esta decisión busca equilibrar el derecho de propiedad con la necesidad de cumplir con obligaciones fiscales, mientras se aborda la complejidad de un proceso que se inició hace más de seis décadas.