El Gobierno peruano aprobó un decreto que establece una garantía financiera de hasta S/42 millones para asegurar el pago de beneficios económicos a trabajadores que dejaron la Administración Nacional de Servicios Sociales (ONP) y se trasladaron a otras instituciones de previsión social, como las empresas privadas o las afiliaciones a otros fondos de pensiones.

Esta medida busca garantizar la continuidad del pago de los beneficios acumulados por estos trabajadores, quienes, al dejar el sistema público, pueden enfrentar dificultades para recibir sus aportaciones.La norma fue publicada en el Diario Oficial El Peruano y entra en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de julio del presente año.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se encargará de supervisar la implementación de esta política, que busca equilibrar las responsabilidades entre los trabajadores y las instituciones de previsión social.

La medida responde a una demanda recurrente de empleados que, al dejar el sector público, pierden acceso a beneficios como las pensiones o gratificaciones acumuladas.

Esta iniciativa forma parte del esfuerzo gubernamental por fortalecer la seguridad social y reducir la brecha entre los trabajadores del sector público y privado en materia de beneficios económicos.