El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 incorpora a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como actores clave en la prevención de la delincuencia.

Los municipios ahora deben elaborar planes de acción alineados con la política nacional, fortalecer la seguridad en escuelas, gestionar riesgos y mejorar condiciones sociales en comunidades vulnerables.

Este cambio busca que la seguridad sea más territorial y preventiva, pero enfrenta desafíos como la asignación de recursos y la coordinación con instituciones federales.

Expertos destacan que, aunque el enfoque preventivo es positivo, debe respetar las competencias definidas por la Constitución, evitando que los municipios asuman funciones coercitivas de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.Además, se reconoce el rol de las policías municipales como apoyo, pero con limitaciones legales.

El plan también aborda la reducción de brechas sociales en zonas rurales, amazónicas e indígenas, considerando que factores económicos y sociales favorecen el crimen organizado.