La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió un acuerdo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) que convocaba a una consulta al pueblo maya ixil sobre la hidroeléctrica Palo Viejo, operativa desde 2012.El gobierno busca revisar un proyecto autorizado en 2007, lo cual genera controversia por afectar la certeza jurídica de inversiones existentes.Jorge Jacobs critica que el Ejecutivo use la consulta como herramienta política sin normas claras, lo que daña la confianza de los inversores.Guatemala ocupa posición 110 en el índice global de Estado de derecho para negocios, por debajo de Honduras y El Salvador.La falta de una ley general de consulta previa deja proyectos en manos de decisiones discrecionales, afectando empleo e inversión.

Jacobs exige un marco legal establecido por el Congreso para evitar que las reglas cambien según el gobierno en turno, alertando sobre los impactos en la pobreza.