El presidente Daniel Noboa no ha emitido el decreto para convocar el referéndum que permitiría retirarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) la facultad de designar autoridades de control, como el fiscal general.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció un plazo hasta el 15 de septiembre para organizar el proceso, pero el Ejecutivo aún no ha definido una fecha.Esta demora podría permitir que el CPCCS designe al próximo fiscal antes de que una eventual reforma entre en vigencia.La iniciativa, impulsada por el gobierno, busca devolver esa atribución a la Asamblea Nacional.Sin embargo, el silencio del Ejecutivo ha generado interrogantes sobre su voluntad política y el impacto en las elecciones seccionales de noviembre.En la Asamblea, donde la mayoría legislativa está controlada por ADN, no hay señales claras sobre el avance de la propuesta.

Analistas sugieren que podría haber cálculos políticos, ya que el dictamen de la Corte Constitucional desde abril aún no se ha plasmado en un decreto.Además, el CPCCS continúa con el proceso para elegir al nuevo fiscal, lo que podría acelerarse si el referéndum no se convoca a tiempo.La situación refleja la complejidad de la reforma y su impacto en la participación ciudadana y la gestión pública.