La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Condenadas por Actos Vandálicos e Incivilidades.

El gobierno, representado por los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau, defendió la medida como un principio de coherencia, argumentando que quienes destruyen bienes públicos no deben beneficiarse de recursos estatales.La iniciativa restringe beneficios como gratuidad universitaria, subsidios y la Pensión Garantizada Universal (PGU) a condenados por delitos graves.

Sin embargo, la oposición, liderada por el Frente Amplio y el PPD, criticó la falta de respaldo técnico y tachó la propuesta de ideológica, señalando que contradice fallos recientes del Tribunal Constitucional que protegen los derechos sociales.El gobierno aclaró que las sanciones más severas aplican solo a 14 delitos graves, excluyendo actos menores como rayados o evasión del transporte.La discusión refleja un debate entre políticas de seguridad y derechos ciudadanos en Chile.