El gobierno chileno confirmó el uso de su atribución para ajustar el texto final de la megareforma, manteniendo el cobro de intereses sobre intereses en deudas vencidas o no pagadas.

Esta decisión responde a alertas del Banco Central y reguladores financieros que advirtieron que prohibir esta práctica restringiría severamente el acceso al financiamiento, encarecería tasas para sectores de mayor riesgo y alteraría estructuralmente el sistema bancario nacional.El ministro Jorge Quiroz ratificó el veto como un paso técnico indispensable antes de la promulgación de la ley.En tanto, reacciones en el Congreso señalaron que esta medida favorece a privilegios del sistema financiero más que a proteger a las personas.La decisión refleja un equilibrio entre políticas económicas y preocupaciones sobre el acceso al crédito.