El debate sobre la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia doméstica en el aeropuerto internacional Jorge Chávez ha escalado al ámbito judicial.

Diversos gremios aéreos, entre ellos la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), han llevado el caso al Poder Judicial tras la decisión del Estado de eliminar el cobro directo a los pasajeros que realizan conexiones nacionales en Lima.Esta medida fue formalizada mediante la Adenda N.° 9 del contrato de concesión entre el Estado y Lima Airport Partners (LAP).

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la eliminación del cobro busca evitar un impacto social en los pasajeros que dependen de escalas obligatorias para viajar dentro del país.

Sin embargo, la tarifa no ha sido eliminada en términos contractuales, sino que el Estado asumirá aproximadamente el 95% del monto que antes correspondía pagar directamente el usuario, compensando a la concesionaria con recursos provenientes de la retribución que recibe del aeropuerto.

El MTC sostiene que esta decisión no afecta el financiamiento de aeropuertos regionales, ya que el esquema sigue siendo autofinanciado y forma parte de un fideicomiso que también impulsa inversiones en infraestructura aeroportuaria.

No obstante, los gremios aéreos cuestionan el impacto económico y legal de esta compensación, así como su posible efecto en los fondos destinados a otros proyectos.

La adenda también incluye otros cambios relevantes, como la reversión de terrenos para el Metro de Lima, nuevas cláusulas anticorrupción y facilidades para el desarrollo de la llamada “Ciudad Aeropuerto”.El caso continúa generando controversia entre el Estado, la concesionaria y los operadores aéreos.