Guatemala, uno de los países con mayor riqueza hídrica de Centroamérica, sigue siendo el único que no cuenta con una ley integral del agua.Esta ausencia ha generado una crisis ambiental y social, con más del 70% de sistemas de agua contaminados y comunidades vulnerables afectadas.

La Constitución de 1985 exigía la creación de esta norma, pero más de 40 años después, 13 iniciativas legislativas han fracasado debido a la falta de voluntad política, la oposición de sectores económicos y la desconfianza de comunidades indígenas.

La contaminación de fuentes como el pozo de Monjas en Jalapa muestra el impacto real: agua turbia y olorosa que obliga a las familias a comprar agua en camiones cisterna.

Investigaciones revelan que el 63% de hogares en la capital tienen metales tóxicos en su agua, mientras que el Ministerio de Salud reporta que más de la mitad de los sistemas de abastecimiento no cumplen con estándares de calidad.

La falta de gestión del recurso ha llevado a la sobreexplotación de acuíferos y a una crisis de contaminación, poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad alimentaria.

Expertos como Antonio Reyes Romero destacan la urgencia de aprobar la ley antes de que se privatice el acceso al agua, un bien que, según la Constitución, debe ser gratuito.