El jurista y exdiputado europeo Ignasi Guardans ha generado debate en redes sociales tras publicar varios mensajes en los que cuestiona, mediante la ironía, la relevancia política que están adquiriendo los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las investigaciones relacionadas con el entorno del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez.

En uno de sus comentarios, plantea de forma sarcástica la posibilidad de cerrar el Parlamento y dejar que gobierne la UCO, sugiriendo que determinados sectores están otorgando a los informes policiales una autoridad política superior a la de las instituciones democráticas.Guardans insiste en diferenciar entre opiniones o hipótesis contenidas en informes policiales y hechos judicialmente probados.Según su planteamiento, la existencia de investigaciones o indicios no equivale a una condena ni sustituye el trabajo de los tribunales.Para reforzar su argumento, recuerda el caso de la denominada caja B del PP y las referencias a 'M.

Rajoy' en documentos atribuidos al extesorero del partido, señalando que entonces no existió el mismo nivel de interpretación pública de los indicios.

El jurista utiliza ese precedente para denunciar lo que considera un doble rasero en la valoración de las actuaciones policiales según el partido político afectado.

Su reflexión se centra en la necesidad de preservar principios fundamentales del Estado de derecho, especialmente la presunción de inocencia, y en evitar que filtraciones, informes preliminares o interpretaciones policiales sean tratados como pruebas definitivas antes de que exista una resolución judicial firme.