La reforma electoral recientemente aprobada por ambas cámaras del Congreso establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá integrar y poner en funcionamiento la Comisión de Verificación e Integridad de Candidaturas a más tardar durante la primera semana de septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio formal del proceso electoral de 2027.

Este nuevo organismo estará conformado por tres consejeros del INE y contará con la participación de autoridades financieras y de seguridad, con el objetivo de evaluar a los aspirantes a cargos de elección popular e identificar posibles vínculos con actividades delictivas mediante la determinación de un “riesgo razonable”.

Según estimaciones de la consejera Carla Humphrey, la revisión podría abarcar entre 25 mil y 35 mil candidaturas, considerando postulaciones de partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes.

Para cumplir con esta tarea, el INE requerirá fortalecer significativamente su capacidad operativa, incluyendo la contratación temporal de personal especializado, la ampliación de equipos técnicos y jurídicos, así como mejoras en sistemas informáticos y herramientas de monitoreo digital.

Además de la revisión documental, se contempla la supervisión de propaganda física y digital, incluyendo redes sociales, anuncios patrocinados e influencers.Sin embargo, la reforma establece que todas estas actividades deberán realizarse con el presupuesto ya asignado al INE, sin recursos adicionales.

La comisión trabajará junto con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para definir criterios de evaluación.

Legisladores de Morena defendieron el mecanismo y señalaron que, aunque la participación de los partidos no será obligatoria, aquellos que decidan no someter a sus candidatos a revisión podrían enfrentar cuestionamientos públicos.