El Food Monitor Program (FMP), una organización independiente dedicada al monitoreo de la seguridad alimentaria en Cuba, publicó un informe en el que denuncia que inspectores estatales y agentes policiales utilizan los mecanismos de control sobre la distribución y comercialización de alimentos como instrumentos de presión social y beneficio personal.

Según la organización, el problema no se limita a la escasez de productos básicos, sino también a la aplicación discrecional de inspecciones, multas y decomisos que afectan a comerciantes y ciudadanos en un contexto de crisis económica prolongada.

El reporte cita datos oficiales que reflejan más de un millón de inspecciones de control de precios realizadas hasta mediados de 2025, con cientos de miles de infracciones detectadas y una elevada cantidad de multas y cierres de establecimientos.Sin embargo, el FMP sostiene que estas medidas no siempre se aplican de forma equitativa.

Asimismo, menciona denuncias recogidas por otras organizaciones sobre supuestos pagos irregulares y acuerdos entre inspectores y algunos comerciantes para evitar sanciones.

Entre las prácticas señaladas aparecen decomisos de alimentos y combustible durante controles en carreteras, así como operativos en varias provincias donde se impusieron multas elevadas o se suspendieron licencias de trabajo.

El informe también critica la vigilancia en los alrededores de tiendas que venden en divisas, argumentando que limita aún más el acceso de la población a determinados productos.La organización concluye que estas dinámicas contribuyen a un entorno de arbitrariedad institucional que agrava las dificultades alimentarias.

Como contexto, destaca que una encuesta realizada por el propio FMP encontró un aumento en el porcentaje de hogares donde al menos una persona pasó hambre durante los últimos 30 días, en comparación con el año anterior.