La protección de la infraestructura civil durante conflictos armados está regulada por tratados internacionales que obligan a las partes beligerantes a distinguir entre objetivos militares y bienes civiles.

Estos acuerdos, incluyendo los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, el Protocolo Adicional I de 1977 y el Reglamento de La Haya de 1907, prohíben ataques indiscriminados que puedan causar daños desproporcionados a la población civil.

El marco jurídico busca garantizar la seguridad de comunidades en zonas de conflicto, estableciendo normas que rigen el comportamiento de las fuerzas armadas y organizaciones terroristas.Estos tratados son fundamentales para la protección humanitaria y la prevención de violaciones al derecho internacional en situaciones de guerra.La implementación efectiva de estos acuerdos depende de la cooperación internacional y el cumplimiento por parte de los estados signatarios.