A pesar de algunas reformas legislativas orientadas a facilitar la inversión privada y extranjera en Venezuela, numerosos inversionistas internacionales continúan mostrando reservas para concretar nuevos negocios en el país.

Según fuentes consultadas por Reuters, las principales preocupaciones no están relacionadas únicamente con las leyes vigentes, sino también con la falta de confianza en el sistema judicial, la incertidumbre sobre la resolución de disputas comerciales y el antecedente de expropiaciones de activos ocurridas en años anteriores.

Representantes de firmas de asesoría e inversionistas señalaron que varios proyectos en sectores como petróleo, transporte marítimo, productos químicos y farmacéuticos permanecen estancados debido a estos riesgos.

Entre los factores que generan desconfianza destacan la independencia del poder judicial, las políticas cambiarias y las dudas sobre la protección efectiva de las inversiones a largo plazo.Además de los aspectos legales, los posibles inversionistas evalúan con preocupación el deterioro de la infraestructura nacional.

Problemas en puertos, sistemas eléctricos, suministro de agua y servicios logísticos incrementan los costos operativos y dificultan el desarrollo de actividades comerciales.

Un ejemplo citado fue la evaluación del puerto de Guanta, donde se detectaron deficiencias importantes en refrigeración, estabilidad eléctrica, disponibilidad de agua y transporte de carga pesada.

Expertos consultados consideran que muchas empresas aún se encuentran en una etapa exploratoria, analizando si las condiciones reales permiten operar de forma rentable y segura.

Aunque la participación y el respaldo de actores estadounidenses son vistos como elementos positivos, persiste la percepción de que Venezuela debe ofrecer mayores garantías institucionales y mejorar su infraestructura para atraer inversiones de forma sostenida.