Una investigación periodística pone en cuestión el uso de grabaciones obtenidas mediante las bodycams de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu, señalando posibles irregularidades en su tratamiento y difusión por parte de responsables políticos y agentes policiales.

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, habría utilizado fragmentos de estas grabaciones durante su comparecencia en el Parlamento para justificar la actuación policial en un incidente relacionado con miembros de la Flotilla, lo que ha generado dudas sobre la legalidad del acceso y la cesión de dicho material.Según la Instrucción n.º 042 que regula el uso de las cámaras corporales, las grabaciones solo pueden emplearse en el contexto de investigaciones policiales, procedimientos administrativos o judiciales, y está expresamente prohibida su cesión o copia para otros fines.

Sin embargo, el artículo apunta a que estas imágenes habrían sido compartidas o utilizadas en ámbitos parlamentarios e incluso enviadas a un diputado, lo que podría contravenir la normativa vigente.

Además, se menciona la participación de un experto en seguridad en un programa de radio, quien afirmó haber recibido información procedente de agentes sobre frases captadas en las grabaciones, lo que también podría vulnerar el deber de confidencialidad establecido para el personal policial.

El caso ha generado controversia política y jurídica, ya que se cuestiona si hubo un uso propagandístico o justificativo de material audiovisual policial fuera de los cauces legales.

Mientras tanto, la normativa establece que las jefaturas de unidad deben garantizar la custodia, seguridad y acceso controlado a estas grabaciones para evitar filtraciones o usos indebidos.