La nota expone las investigaciones judiciales y fiscales que involucran al jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni, centradas en el crecimiento de su patrimonio, movimientos de dinero en efectivo y deudas declaradas.

Según el artículo, dentro del Gobierno se habría evaluado la posibilidad de que el funcionario se acoja al régimen de “Inocencia Fiscal”, una ley aprobada en febrero que elevó los montos mínimos para considerar delitos de evasión tributaria.

La normativa fue presentada por el oficialismo como una herramienta para incentivar la registración de dólares no declarados, aunque recibió críticas porque no excluye a funcionarios públicos ni a personas políticamente expuestas.

El entorno de Adorni niega que necesite utilizar ese beneficio y sostiene que cuenta con documentación respaldatoria sobre sus gastos y operaciones financieras.

Sin embargo, la investigación judicial menciona movimientos por más de 100 mil dólares en efectivo durante poco más de un año, sin que hasta el momento exista respaldo documental suficiente según fuentes citadas en la causa.También se detallan operaciones inmobiliarias, préstamos privados y deudas en dólares vinculadas a compras de propiedades y remodelaciones.

Entre ellas aparece una hipoteca privada de 100 mil dólares otorgada por particulares para la adquisición de una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz.Además, se mencionan obligaciones de pago pendientes que superarían los 300 mil dólares.

La fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados por el funcionario y verificar si los ingresos declarados coinciden con los gastos y movimientos detectados durante el período investigado.