La ley de encuestas para las elecciones presidenciales ha enfrentado múltiples desafíos, incluyendo la publicación de encuestas dudosas, la falta de cumplimiento con requisitos legales y la influencia de herramientas alternativas como Polymarket y Google Trends.

A pesar de que la ley buscaba garantizar transparencia y precisión en las mediciones de intención de voto, se han detectado irregularidades como muestras pequeñas, falta de registro completo ante el CNE y la publicación de encuestas privadas sin cumplir con normas establecidas.

La Corte Constitucional tumbró dos artículos de la ley que limitaban la medición de intención de voto seis meses antes de las elecciones y la obligatoriedad de revelar códigos computacionales, pero mantuvo otros requisitos que afectaron a encuestadoras como GAD3 e Invamer.

Para las elecciones regionales del próximo año, el impacto de la ley podría ser mayor debido a la necesidad de muestras más grandes, lo que reducirá la cantidad de encuestas legales y aumentará el espacio para prácticas dudosas.La regulación sigue siendo un tema crítico en el entorno electoral colombiano.