El gobierno israelí ha autorizado la asignación de 500 millones de shekels (más de 145 millones de euros) para intensificar la represión contra la población palestina que reside en el Estado de Israel.

Esta medida, liderada por el primer ministro Benjamin Netanyahu y figuras como Itamar Ben-Gvir, permite la intervención directa del Shin Bet (Agencia de Seguridad Israelí) en asuntos civiles de zonas con alta concentración de población árabe.

El 73,3% del presupuesto se destinará a fortalecer las capacidades de espionaje e intervención operativa del Shin Bet, mientras que la policía civil recibirá el 26,6%.

La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como una intensificación de la persecución política contra los ciudadanos palestinos, coincidiendo con la continuidad de la ocupación y el genocidio en Palestina.

Netanyahu justifica la acción calificando la situación interna de las comunidades árabes como una 'plaga nacional', mientras que la medida refleja la consolidación de políticas fascistas en el régimen israelí.