La Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) ha expresado su preocupación sobre el destino del dinero recaudado por la “ley de protección de las pensiones”, que entró en vigencia en mayo de 2024.

Según Tito Barrero, presidente de la organización gremial, las empresas están obligadas a pagar un 9 % de sus salarios y bonificaciones al fondo de pensiones, pero los jubilados y pensionados continúan recibiendo montos que califican de insuficientes.

Actualmente, los jubilados del sector público reciben una bonificación de aproximadamente 90 dólares, mientras que los pensionados perciben unos 70 dólares, cifras muy por debajo de los 240 dólares que la ley estipula como pago mensual.

Los representantes de distintas asociaciones de jubilados y pensionados realizaron una asamblea el 29 de mayo en la Casa Sindical de Barcelona, en el marco del Día del Adulto Mayor en Venezuela, donde señalaron que no tienen nada que celebrar.

Voceros como José Hurtado exigieron que la Gobernación de Anzoátegui cumpla con los pagos establecidos, y Mariaelena Salazar enfatizó que muchos deben depender de familiares para subsistir.

La situación refleja una preocupación generalizada por la falta de cumplimiento de la ley y la necesidad urgente de mejorar las condiciones económicas de los adultos mayores en la región.