Entre 2024 y 2026, el Consejo de la Judicatura de Ecuador ha registrado 142 amenazas dirigidas a servidores judiciales, lo que evidencia un aumento significativo de la violencia contra quienes administran justicia en el país.Las amenazas incluyen mensajes de muerte, panfletos extorsivos, coacciones a través de plataformas digitales y acoso telefónico anónimo.

Además, se han documentado 11 atentados directos que comprenden agresiones físicas, atentados armados, tentativas de asesinato y persecuciones armadas, así como 3 ataques a infraestructuras judiciales mediante artefactos explosivos e incursiones armadas.

Frente a esta situación, la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, ha promovido convenios con el Ministerio del Interior para garantizar resguardo policial permanente en las instalaciones judiciales y con el SNAI para habilitar espacios seguros en centros de rehabilitación social.

Paralelamente, se busca implementar audiencias telemáticas seguras y actualizadas, mientras que las direcciones provinciales ya aplican teletrabajo como medida de contingencia.

La crisis de seguridad también ha tenido antecedentes políticos, como las amenazas recibidas por el juez anticorrupción Carlos Serrano durante la administración de Mario Godoy, que derivaron en un juicio político y la salida de Godoy del Consejo de la Judicatura.Estas acciones buscan proteger la integridad de los funcionarios y garantizar la continuidad del servicio judicial en el país.