La exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, fue interpelada en la Comisión de Fiscalización por presuntas omisiones en contratos firmados durante la emergencia eléctrica.

Legisladores del correísmo sostuvieron que no supervisó procesos clave y que los desembolsos a la empresa Austral Technical Management (ATM) generaron pérdidas superiores a 2.000 millones de dólares y la pérdida de 250.000 empleos.Manzano defendió que actuó dentro del marco constitucional y que no existen pruebas de responsabilidad política.

El debate gira en torno a si hubo incumplimientos en la supervisión de contratos durante la crisis energética, con argumentos que oscilan entre acusaciones de negligencia y defensas basadas en la legalidad.La sesión fue clausurada sin permitir nuevas preguntas a la exfuncionaria, lo que generó controversia entre los asambleístas.El caso refleja tensiones políticas en torno a la gestión de la crisis energética y la responsabilidad de las autoridades en contrataciones públicas.