La noticia analiza el juicio político contra Inés Manzano, exministra de Energía, donde se cuestiona la aplicación del derecho penal en procesos parlamentarios.

El autor destaca que las formalidades legales propias de un juicio penal no son adecuadas para casos de responsabilidad política, ya que el estándar de convencimiento es opuesto: en un juicio político, la duda razonable determina la culpa y la pérdida de confianza.

Se critica la falta de rigor en las pruebas presentadas durante el proceso, como las pericias de litigación que se imponen como modelo, y se señala que los proyectos eléctricos (Salitral, Quevedo y Esmeraldas III) no solo no se cumplieron, sino que fueron estafas financiadas con cientos de millones de dólares.

El autor argumenta que la inoperancia de Manzano es motivo suficiente para retirarle la confianza política, pero sus abogados intentan negar cualquier responsabilidad.La crítica apunta a la crisis institucional y el declive de la democracia en Ecuador al no aplicarse mecanismos de fiscalización efectiva.