La investigación revelada por Semana indica que Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían liderado una presunta red de cobros a empresarios que buscaban acceder a contratos públicos.El esquema incluía una tarifa de $1.000.000 por reuniones, un anticipo de $200.000.000 para iniciar gestiones y el 10% del valor de cada proyecto adjudicado.Además, se mencionan pagos de $35 millones por municipio donde se obtuvieran contratos.Juliana gestionaba contactos en el Gobierno, mientras que Verónica coordinaba pagos junto a David Trespalacios.

Las pruebas incluyen testimonios, chats, audios y consignaciones bancarias relacionadas con proyectos de cámaras de seguridad, acueductos y mejoramiento de vivienda.Aunque las investigaciones continúan, no hay condenas contra las involucradas.El caso refleja acusaciones de corrupción en el sector público y la presunta participación de familiares cercanos a líderes políticos.