El proyecto de reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales que actualmente circula en la Asamblea Nacional de Ecuador ha provocado cuestionamientos de abogados y especialistas en derecho constitucional.

Las críticas se centran en posibles contradicciones entre varios artículos de la propuesta y las disposiciones establecidas en la Constitución ecuatoriana, especialmente en lo relacionado con las acciones de protección y las competencias de la Corte Constitucional.

Según los expertos citados en el análisis, la Constitución reconoce mecanismos fundamentales para proteger derechos humanos y constitucionales frente a actos u omisiones de autoridades públicas.Entre ellos destaca la acción de protección, que también puede aplicarse contra políticas públicas que vulneren derechos.

Por ello, juristas consideran que limitar o declarar improcedentes estas acciones mediante una ley ordinaria podría resultar inconstitucional, ya que ninguna norma inferior puede contradecir la Carta Magna.

El artículo también menciona que ciertas reformas sí son vistas como necesarias, particularmente aquellas relacionadas con la regulación del habeas corpus.

La falta de claridad sobre la jurisdicción donde deben presentarse estas acciones habría permitido que personas vinculadas a delitos obtengan la libertad mediante estrategias legales en cantones alejados del lugar de detención.

Los analistas sostienen que el debate debe incluir a especialistas constitucionalistas para evitar que la eventual aprobación de la reforma termine siendo impugnada ante la propia Corte Constitucional.

Además, advierten sobre una posible “paradoja de autodefensa constitucional”, en la que artículos aprobados por la Asamblea sean posteriormente declarados inaplicables por vulnerar derechos ya protegidos por la Constitución.