La administración de Donald Trump ha advertido a los 50 estados y territorios de Estados Unidos de que podría retirar la financiación federal destinada a la gestión de los programas de ayuda por desempleo, dentro de una nueva ofensiva contra el supuesto fraude en el gasto público.

El aviso, remitido por el secretario de Trabajo en funciones, Keith Sonderling, señala que el Gobierno federal está dispuesto a utilizar todas las herramientas disponibles, incluida la retirada de fondos administrativos, algo que según la administración no tendría precedentes históricos.

En Estados Unidos no existe un sistema único de prestaciones por desempleo, sino que cada estado gestiona sus propios programas con apoyo federal para costes administrativos.

Estos fondos son esenciales para mantener el funcionamiento de las agencias estatales, que atienden a millones de personas que solicitan ayudas tras perder su empleo.Actualmente, cerca de dos millones de ciudadanos reciben estas prestaciones y cientos de miles presentan nuevas solicitudes cada semana.

La medida se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno estadounidense para combatir lo que considera fraude, despilfarro y abuso en distintos programas sociales, especialmente tras los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas de organizaciones sociales y legisladores demócratas, que acusan a la administración de utilizar el argumento del fraude como justificación para recortar servicios públicos esenciales.

El plan también está vinculado a un grupo de trabajo liderado por el vicepresidente JD Vance, centrado en revisar el gasto federal en programas sociales.Según la Casa Blanca, ya se han bloqueado o revisado miles de millones de dólares en financiación en varios estados.

Los detractores advierten de que una retirada de fondos podría poner en riesgo la estabilidad de los sistemas estatales de desempleo y dificultar el acceso a ayudas para los ciudadanos más vulnerables.