La Audiencia Nacional ha ordenado la apertura de juicio oral contra 41 personas —entre ex cargos públicos del Partido Popular, funcionarios y empresarios— por su presunta implicación en una de las piezas del caso Púnica, centrada en el amaño de contratos públicos en la Comunidad de Madrid.Los hechos investigados se remontan a hace casi dos décadas, aunque las detenciones se produjeron hace 12 años.

Entre los acusados destacan el exconsejero Francisco Granados, su esposa y varios altos cargos, además de empresarios vinculados a importantes constructoras.

La investigación sostiene que desde la empresa pública Arpegio se diseñó un plan para enriquecerse mediante la manipulación de adjudicaciones de suelo en consorcios urbanísticos.

Paralelamente, desde Mintra, otra entidad pública dependiente de Transportes ya desaparecida, se habrían desviado fondos en obras del Metro, incluyendo proyectos como MetroSur o el Metro Ligero a Boadilla del Monte.

Estas actuaciones habrían generado un sobrecoste significativo: de un presupuesto inicial de 141,2 millones de euros se pasó a un gasto final de 216 millones.El perjuicio económico estimado asciende a 98,4 millones de euros, cantidad que los procesados deberán indemnizar.Las penas solicitadas suman más de 625 años de prisión, con peticiones destacadas como los 42 años para Granados.Además, la causa incluye delitos como fraude, prevaricación, cohecho y falsedad documental.

El caso también recoge prácticas de menor escala, como el uso de fondos para regalos personales, lo que refuerza la imagen de un entramado de corrupción sistemático.Esta pieza es una de las doce que componen el caso Púnica, una de las mayores investigaciones sobre corrupción política en España.