La Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió el acuerdo ministerial 145-2026 que permitía la consulta comunitaria sobre el proyecto de la hidroeléctrica Palo Viejo en San Juan Cotzal.

Esta decisión, tomada tras un análisis del convenio 169 de la ONU, refleja la importancia de respetar los derechos de los pueblos indígenas y locales en proyectos de desarrollo.

El presidente del Consejo Consultivo, Francisco Mendoza, explicó que la suspensión busca garantizar que la consulta sea plena y respete la cultura y tradiciones de la comunidad.

La medida ha generado debate, ya que algunos consideran que la suspensión retrasa el avance del proyecto, mientras que otros destacan la necesidad de priorizar los derechos humanos.

La Corte destacó que la consulta debe ser voluntaria, informada y con participación activa de los afectados, lo que implica un proceso más lento pero más justo.Este caso resalta la complejidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos de las comunidades locales en Guatemala.