La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina se encuentra analizando dos causas de alto impacto político y económico para el gobierno de Javier Milei.

Por un lado, debe resolver la controversia en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de salarios docentes y no docentes, además de la recomposición de fondos para universidades públicas.

El Gobierno nacional ha impulsado la judicialización de la norma y sostiene que su aplicación comprometería el equilibrio fiscal, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades reclaman su cumplimiento inmediato, argumentando una fuerte pérdida presupuestaria y deterioro salarial del sector.

El conflicto llegó a la Corte luego de fallos contradictorios en instancias inferiores, incluyendo decisiones que suspendieron la aplicación de medidas cautelares.

El debate incluye estimaciones de impacto fiscal que, según el Ejecutivo, implicarían reasignar gran parte del gasto público, mientras que sectores universitarios sostienen que el ajuste presupuestario ha sido significativo en los últimos años.La segunda causa relevante involucra reclamos de varias provincias por recortes en transferencias y cambios en la coparticipación federal.

Gobernadores de distintas jurisdicciones exigen la restitución de fondos eliminados o modificados por el Gobierno nacional bajo la política de déficit cero.Entre los reclamos también se incluyen fondos previsionales y compensaciones fiscales.

La resolución de la Corte, integrada por sus actuales miembros, podría tener un fuerte impacto en las finanzas públicas, la relación entre Nación y provincias, y el esquema de financiamiento de la educación superior en Argentina.