El artículo analiza la crisis institucional de Guatemala, argumentando que no se puede atribuir únicamente al presidente actual.Se destaca que el sistema político ha seguido un plan predeterminado desde 1954, cuando los EE.UU.intervinieron para proteger los intereses de la United Fruit Company, lo que llevó al derrocamiento de Jacobo Árbenz.

Hoy en día, el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras) sigue ejerciendo influencia, beneficiando a élites económicas en detrimento del desarrollo nacional.Se menciona el Pacto de Corruptos (2017), que controla los tres poderes del Estado, y la complicidad de la universidad pública en la corrupción.

La crítica se centra en la falta de legitimidad del gobierno, la pérdida de control sobre el territorio y la impunidad de las élites, que han perpetuado la crisis estructural del país.