La detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ha generado controversia por la forma en que se desarrolló la investigación.Aunque colaboró en la indagación por contrabando de combustible, la fiscalía y el juez involucrado transformaron la causa en un caso de delincuencia organizada, lo que implica prisión preventiva oficiosa.

El análisis señala que la decisión refleja una inversión de la justicia, donde la parte acusadora y el juez tienen alianzas que cuestionan la imparcialidad.La investigación también revela conexiones entre actores políticos y del crimen organizado, incluyendo figuras de Morena.La detención se interpreta como un intento de desviar la atención de Marina del Pilar Ávila y su conflicto con su antecesor, Jaime Bonilla.

Sin embargo, la rapidez con la que se cambió la naturaleza del caso ha generado críticas sobre la falta de pruebas y la influencia política en el sistema judicial.

El artículo destaca la complejidad de la situación, donde la justicia se vuelve herramienta para manejar conflictos políticos y económicos, en lugar de garantizar la imparcialidad requerida.