La Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones finales en el juicio de la operación Kitchen, una presunta trama de espionaje y robo de información relacionada con la investigación de la caja B del Partido Popular.

Según el fiscal César de Rivas, el operativo policial no fue una actuación de inteligencia legítima, sino una acción con una “finalidad bastarda” destinada a boicotear las pesquisas judiciales sobre la financiación irregular del PP y a proteger a sus principales responsables políticos.

Durante su exposición, el fiscal ha afirmado que existen pruebas que apuntan a la implicación directa del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la dirección del operativo, basándose en mensajes intercambiados con su número dos, Francisco Martínez.

Parte de esas comunicaciones fueron protocolizadas ante notario, aunque posteriormente eliminadas, lo que la acusación considera un indicio incriminatorio.También se ha destacado que el teléfono utilizado en esas conversaciones pertenecía inicialmente al Ministerio del Interior.

La Fiscalía ha rechazado la tesis de que Kitchen fuese una operación de inteligencia, argumentando que las actuaciones —como el seguimiento a la familia Bárcenas o el robo de dispositivos— no tenían relación con una investigación legítima.Además, ha subrayado que los responsables policiales no informaron al juez del caso ni a la UDEF, que llevaba la investigación de la caja B del PP.

El fiscal ha citado anotaciones del comisario José Manuel Villarejo y declaraciones de varios mandos policiales para reforzar la acusación, así como la participación de distintos agentes en la obtención de información del entorno de Luis Bárcenas.En conjunto, Anticorrupción considera acreditada la existencia de una estructura policial organizada para interferir en la investigación judicial.

La causa, que ya entra en su fase final, incluye acusaciones de varios años de prisión para los principales implicados y ha puesto en el centro del debate político la posible utilización de recursos del Estado para fines partidistas.