La huelga de los bomberos forestales del sector público en la Comunidad de Madrid está teniendo un impacto directo en el dispositivo de extinción de incendios durante la campaña de alto riesgo.

Según denuncian los representantes del colectivo, 61 bomberos forestales permanecen inactivos en las instalaciones de la Dirección General de Emergencias de Las Rozas porque la administración autonómica no les facilita vehículos ni herramientas para incorporarse a las labores de extinción, a pesar de que aseguran haber solicitado reiteradamente su movilización.

Mientras tanto, en jornadas de especial presión por incendios activos en Toledo y Guadalajara con afección a municipios madrileños, el servicio tuvo que buscar mediante refuerzos extraordinarios a 20 bomberos funcionarios para cubrir las necesidades operativas en varios parques de la región.

Los bomberos forestales sostienen que esta situación reduce la capacidad de respuesta y resulta incluso más costosa, ya que los funcionarios movilizados realizan guardias de mayor duración.

El conflicto laboral tiene su origen en las diferencias salariales y de condiciones laborales entre estos trabajadores y los bomberos funcionarios, pese a desempeñar funciones similares durante los incendios.

También denuncian que, tras la estabilización del servicio, perdieron oficialmente la categoría profesional de bombero y figuran con otras denominaciones laborales.

Por su parte, la Comunidad de Madrid defiende que ha aprobado un nuevo acuerdo con el Cuerpo de Agentes Forestales para el periodo 2026-2029, con mejoras retributivas, nuevas guardias extraordinarias y medidas destinadas a reforzar la respuesta ante emergencias.Sin embargo, los bomberos forestales mantienen sus reivindicaciones y anuncian nuevas acciones para exigir mejoras laborales y materiales.