La investigación sobre las presuntas operaciones ilegales del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy contra Podemos continúa en la Audiencia Nacional marcada por múltiples dificultades procesales.

Según el reportaje citado, desde el inicio de la causa la instrucción ha estado condicionada por decisiones judiciales que han limitado la práctica de diligencias clave y han ralentizado el avance del procedimiento, en un contexto en el que los hechos investigados se remontan a 2016 y el riesgo de prescripción aumenta.

Uno de los principales problemas señalados es la ausencia de una unidad policial especializada que actúe como policía judicial en el caso, a diferencia de otras investigaciones de gran alcance.

Esto ha hecho que gran parte del trabajo de investigación recaiga en las acusaciones particulares, especialmente las vinculadas a Podemos, que han tenido que localizar documentación y proponer diligencias por su cuenta.

El texto también destaca decisiones del juez instructor, Santiago Pedraz, que han sido corregidas en varias ocasiones por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, especialmente en lo relativo a la admisión de perjudicados o la imputación de determinados responsables políticos y policiales.

Asimismo, se han rechazado diligencias solicitadas por las acusaciones, como la incorporación de expedientes completos de operaciones policiales, el cálculo del dinero público presuntamente utilizado o la obtención de documentación de otras piezas judiciales relacionadas con el comisario Villarejo.

La combinación de limitaciones en la investigación, recursos reducidos y retrasos procesales ha generado preocupación por la posible pérdida de oportunidades para esclarecer los hechos antes de que algunos delitos prescriban, mientras la causa avanza con apoyo parcial del fiscal y continuas revisiones de instancias superiores.