La investigación conocida como Operación Cirbelia, centrada en el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, permanece paralizada a la espera de que el juzgado autorice diversas diligencias solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigadores llevan meses reclamando acceso a información bancaria y societaria relacionada con González Amador para analizar una operación empresarial que consideran potencialmente irregular.El caso gira en torno a la compra en 2020 de la sociedad Círculo de Belleza SL por aproximadamente 500.000 euros.

Tanto la Fiscalía como los investigadores sospechan que el valor pagado por la empresa podría haber servido para encubrir el pago de una comisión o soborno relacionado con operaciones comerciales vinculadas al grupo sanitario Quirón.

Una de las hipótesis apunta a que parte de las ganancias obtenidas por González Amador durante la pandemia, especialmente en negocios relacionados con material sanitario, habría sido desviada mediante esta adquisición societaria.

La anterior instructora del caso, la jueza Inmaculada Iglesias, ordenó antes de jubilarse que la UCO profundizara en el análisis patrimonial, societario y financiero de González Amador.

También solicitó investigar posibles delitos adicionales, entre ellos blanqueo de capitales y el uso instrumental de sociedades para obtener ventajas fiscales.

Tras el relevo en el juzgado, el nuevo magistrado, Antonio Viejo, asumió la causa y atribuyó parte de los retrasos a la acumulación de procedimientos complejos y a cambios organizativos en la Administración de Justicia.

Sin embargo, según la información publicada, las autorizaciones necesarias para que la UCO avance en la investigación aún no han sido emitidas, lo que mantiene estancadas las pesquisas sobre los presuntos delitos analizados en la causa.