La Junta Nacional de Justicia (JNJ) del Perú ha iniciado y promovido una serie de procesos disciplinarios que han generado una fuerte controversia sobre la independencia del sistema judicial.

Según el editorial, la entidad, presidida por María Teresa Cabrera, habría intensificado sus acciones contra jueces y fiscales cuyas decisiones no coinciden con criterios del poder político o interpretaciones específicas de la ley, especialmente en casos vinculados a derechos humanos.

El texto señala que estas intervenciones han afectado inicialmente a fiscales como Richard Concepción Carhuancho, quien fue suspendido temporalmente, y posteriormente a magistrados de la Corte Suprema, incluyendo integrantes de la Sala Penal Transitoria.

Se menciona también a jueces como Víctor Prado Saldarriaga y Ángela Bascones, quienes habrían sido investigados por aplicar tratados internacionales de derechos humanos en sus resoluciones judiciales.

Además, el editorial advierte que la presión habría escalado hacia otros órganos del sistema judicial, incluyendo la Corte Penal Nacional y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a partir de denuncias presentadas por actores políticos.Se menciona la renuncia de un presidente de corte debido al clima de tensión institucional.

El artículo sostiene que estas acciones podrían interpretarse como un riesgo para la autonomía judicial, al convertir decisiones jurisdiccionales en materia de sanción disciplinaria.

Finalmente, el editorial hace un llamado a defender la independencia del Poder Judicial y advierte sobre la posibilidad de un retroceso institucional si el control político sobre los tribunales se intensifica en el contexto del nuevo gobierno y Parlamento.