El magistrado Antonio Viejo, instructor del caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha autorizado finalmente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a sus cuentas bancarias y a las de su entorno societario, aunque lo ha hecho seis meses después de que la petición fuera presentada.

La decisión llega en el contexto de una investigación por presuntos delitos de corrupción en los negocios, fraude fiscal, falsificación documental y posible blanqueo de capitales vinculados a operaciones empresariales realizadas durante la pandemia.

La causa se centra en la compra de una sociedad por parte de González Amador por medio millón de euros, operación que la anterior instructora y la Fiscalía sospechan que pudo encubrir el pago de comisiones ilegales relacionadas con la intermediación en contratos de material sanitario.

La UCO investiga si existió una trama organizada en torno a varias empresas y personas vinculadas a la operación, incluida la denominada operación Cirbelia.

Aunque el juez ha permitido el acceso a información bancaria, ha rechazado en esta fase otras diligencias solicitadas por los investigadores, como el acceso a información tributaria y societaria más detallada, alegando la necesidad de conocer previamente el patrimonio completo de los investigados antes de ampliar la investigación.Esta decisión ha sido criticada por su lentitud, ya que los agentes llevaban meses reclamando avances sin respuesta.

El caso también está relacionado con otra pieza judicial ya abierta por presunto fraude fiscal y falsificación de documentos, que podría llevar a González Amador a juicio en los próximos años.

Paralelamente, la investigación se ha visto afectada por cambios de juez, retrasos administrativos y la complejidad del procedimiento, lo que ha generado debate sobre la gestión del caso en los tribunales madrileños.