Un fallo de la Justicia Federal de Córdoba ordenó al Gobierno nacional regularizar las deudas acumuladas con los prestadores del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad.

Según la resolución judicial, el Ejecutivo debía cancelar antes del viernes los pagos pendientes que afectan a centros de atención, transportistas, acompañantes terapéuticos y profesionales de la salud que trabajan con beneficiarios del sistema.

La nota expone que muchos prestadores atraviesan una situación económica crítica, al borde de la quiebra, debido a los retrasos en los pagos y a la falta de actualización de los aranceles.

También se remarca el impacto directo sobre miles de pacientes que sufren interrupciones en tratamientos, dificultades para acceder a medicamentos y reducción de servicios esenciales.

El artículo enmarca el conflicto dentro de las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei y señala que distintas organizaciones vinculadas al sector de discapacidad vienen denunciando desde hace meses el deterioro del sistema.

Además, se menciona que la causa judicial surgió a partir de reclamos realizados por prestadores y familiares de personas afectadas, quienes alertaron sobre la imposibilidad de continuar sosteniendo la atención sin financiamiento adecuado.

La noticia pone el foco en las consecuencias sociales y sanitarias de la demora estatal y en la presión creciente sobre el Gobierno para cumplir con las obligaciones establecidas por la Justicia.