La minería ilegal representa una crisis sistémica en Ecuador, con el 77% del oro producido en el país procedente de actividades no reguladas.Esta industria, controlada por bandas criminales, ha crecido a pesar de operativos militares como los bombardeos en Imbabura en 2025.

La falta de trazabilidad en la cadena de suministro permite que maquinaria pesada sea adquirida fácilmente con efectivo o oro, exacerbando el daño ambiental y social.

El Estado enfrenta desafíos para recuperar el control sobre zonas mineras, mientras que el sector legal también se ve afectado por la competencia ilegal.

La situación pone en riesgo tanto los recursos naturales como la seguridad nacional, generando un ciclo de violencia y contaminación que impacta directamente a las comunidades.