La Asamblea de Madrid ha aprobado una nueva Ley de Medidas Urgentes para Incrementar la Vivienda con Protección Pública, impulsada por el Gobierno regional, que busca aumentar la oferta de vivienda protegida mediante un incremento de la edificabilidad del 30% y de la densidad del 20% en parcelas ya destinadas a VPO, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

La norma permite además añadir hasta dos plantas adicionales en edificios previstos, reducir la obligación de plazas de aparcamiento de 1,5 a 1 por vivienda e introduce el silencio administrativo positivo, de modo que los proyectos pueden seguir adelante si los informes no llegan en tres meses.El objetivo declarado es la construcción de unas 18.000 viviendas protegidas en cuatro años.

Sin embargo, la medida ha generado críticas de la oposición y de diversos expertos en vivienda, que cuestionan su impacto real en el acceso a la vivienda para las rentas más bajas.

Según investigaciones citadas en el texto, los modelos actuales de vivienda protegida en Madrid, como el Plan Vive, establecen requisitos de acceso que exigen ingresos mínimos relativamente elevados, dejando fuera a gran parte de la clase trabajadora.

A su vez, los límites máximos de ingresos son tan altos que permiten el acceso a hogares con rentas medias-altas, lo que desvirtúa el concepto de vivienda social en comparación con otros países europeos.

Además, los precios de alquiler de estas viviendas pueden acercarse o incluso superar los del mercado libre en algunas zonas, lo que refuerza la crítica de que la política se centra más en aumentar la oferta para promotores que en garantizar vivienda asequible.

La conclusión del debate apunta a que, sin controles de precios ni un mayor parque público de gestión directa, la vivienda «protegida» podría no resolver el problema de acceso de los colectivos más vulnerables.