La oposición chilena inició una ofensiva judicial contra la megarreforma de Reconstrucción Nacional impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y diseñada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La acción se concretó luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara casi la totalidad del proyecto, mediante la presentación de tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando que ese organismo revise la constitucionalidad de diversos artículos de la iniciativa.

La estrategia fue preparada durante varias semanas en reuniones entre los partidos opositores, pese a diferencias internas y negociaciones que generaron tensiones, especialmente tras acuerdos alcanzados entre algunos senadores del PPD y el Ejecutivo.

Finalmente, el bloque acordó concentrar sus objeciones en dos materias principales: las disposiciones medioambientales, particularmente las indemnizaciones a empresas cuando los tribunales reviertan resoluciones ambientales desfavorables, y el régimen de invariabilidad tributaria que contempla beneficios por hasta 20 años para grandes inversiones.

Para representar a la oposición fueron convocados diez abogados con experiencia en derecho constitucional, legislativo y administración pública, entre ellos exministros, exsubsecretarios, académicos y asesores parlamentarios como Domingo Lovera, Leslie Sánchez, Jorge Correa Sutil y Jaime Gajardo.

La Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado presentarán requerimientos separados, replicando una estrategia que anteriormente dio resultados favorables en otra tramitación legislativa.

Mientras tanto, el Gobierno aún no define quién asumirá su representación jurídica ante el Tribunal Constitucional para defender la constitucionalidad de la reforma.