En Jamaica, la privatización de las playas ha alcanzado niveles extremos.Solo el 0,6% de los 1.022 kilómetros de costa es accesible de forma pública para los residentes locales.

La mayoría de las zonas costeras han sido vendidas a promotores privados que construyen resorts y complejos turísticos de lujo, cerrando el acceso tradicional de los jamaiquinos a estas playas.Esta práctica no es nueva, pero en los últimos cinco años se ha intensificado considerablemente, y se espera que para 2030 se construyan 10.000 nuevas habitaciones hoteleras que restringirán aún más el acceso a los locales.

La Ley de Control de Playas de 1956, heredada de la época colonial británica, permite al Estado transferir terrenos costeros a manos privadas, manteniendo vigente una normativa que limita los derechos públicos al litoral.

Este modelo contrasta con otros destinos, como Groenlandia, donde el turismo se gestiona de manera controlada y respetuosa con la cultura local y el entorno, fomentando la convivencia entre residentes y visitantes.La situación en Jamaica refleja un problema de inequidad: aunque el país genera 4.300 millones de dólares en ingresos turísticos, solo un 40% se queda en la isla.

La privatización extrema de playas amenaza los medios de vida locales y evidencia la necesidad de un turismo más sostenible y consciente, que respete tanto los derechos de la población como la preservación del entorno.