El 23 de mayo de 1896, en el contexto del gobierno presidido por Antonio Cánovas del Castillo, el director general de Correos y Telégrafos, Salvador Bermúdez de Castro y O’Lawlor, dictó una orden que prohibía el uso del catalán y del euskera tanto en las conversaciones telefónicas como en los textos de los telegramas en todo el territorio español.

La normativa obligaba a las compañías telefónicas a instruir a sus operadoras para que interrumpieran inmediatamente cualquier comunicación que se realizara en estas lenguas, llegando incluso a desconectar las llamadas si se detectaba su uso.Esta medida generó un fuerte rechazo y provocó incidentes prácticamente desde su aplicación.

Según testimonios recogidos por historiadores, algunas llamadas entre diputados catalanes fueron interrumpidas por centralitas al identificarse el uso del catalán, lo que derivó en protestas formales en las Cortes, aunque sin éxito inicial.

Posteriormente, otros parlamentarios denunciaron públicamente situaciones similares, alegando incluso la imposibilidad de comunicarse con sus propios electores debido a que estos no hablaban castellano.

La creciente presión política y social llevó a que la orden fuera revocada pocos días después, y el propio Bermúdez de Castro fue cesado de su cargo, mientras el ministro de Gobernación anulaba la disposición.

El episodio resulta especialmente llamativo por su carácter restrictivo y por el hecho de afectar únicamente a estas dos lenguas, en un momento en el que el teléfono comenzaba a expandirse en la península ibérica, con especial desarrollo en Cataluña, región pionera en su implantación.Este caso se ha interpretado como un ejemplo temprano de tensiones lingüísticas y políticas en la España de finales del siglo XIX.