El artículo analiza críticamente la forma en que el Estado protege a grupos neonazi, convirtiéndolos en una opción política legitimada.Se destaca cómo estas organizaciones buscan normalizar sus discursos de odio contra migrantes, personas racializadas, musulmanes y otras minorías, presentándose como una alternativa democrática.

El autor cuestiona la prioridad del Estado en garantizar marchas neonazis mientras las víctimas de agresiones racistas, xenófobas o homófobas enfrentan indiferencia.Se subraya que la democracia no solo debe permitir expresar ideas distintas, sino también proteger a quienes son objetivos de odio.

La crítica se centra en la responsabilidad institucional y política para delimitar el discurso de odio, evitando la normalización del fascismo como una forma de violencia sistemática.El texto concluye que la neutralidad frente al fascismo puede convertirse en complicidad con quienes promueven la exclusión y la violencia.