El gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a la empresa Mercado Libre tras una fiscalización en la que se detectaron presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor.

Según el organismo provincial, la compañía habría incluido cláusulas consideradas abusivas en sus contratos de adhesión, lo que podría generar perjuicios para las y los usuarios de la plataforma.

La investigación se enmarca en controles habituales que buscan garantizar prácticas comerciales transparentes y el respeto de los derechos de consumidores y consumidoras.

Durante la inspección, las autoridades analizaron los términos y condiciones de uso del servicio y detectaron disposiciones que, según su interpretación preliminar, podrían limitar derechos básicos de los usuarios o imponer condiciones desventajosas sin una adecuada transparencia.

Este tipo de contratos, habituales en servicios digitales de gran escala, suelen ser objeto de revisión por parte de organismos de control debido a la asimetría entre empresas y consumidores.

Mercado Libre, fundada por Marcos Galperin, es una de las compañías tecnológicas más relevantes de la región y opera en múltiples países de América Latina.

La imputación no implica todavía una sanción definitiva, sino el inicio de un proceso administrativo en el que la empresa podrá presentar su descargo y defender la legalidad de sus condiciones contractuales.

En caso de confirmarse las infracciones, la empresa podría enfrentar sanciones económicas y la obligación de modificar sus contratos para adecuarlos a la normativa vigente.

El caso se suma a otros controles estatales sobre grandes plataformas digitales, en un contexto de creciente debate sobre la regulación de los servicios tecnológicos y la protección de los derechos de los usuarios en entornos digitales.