La Superintendencia de Industria y Comercio (SIT) de Guatemala continúa investigando si las subastas de espectro 5G realizadas en septiembre de 2023 fueron lesivas al Estado y si la resolución de 2020 que otorgó derechos de uso de la banda 700 MHz a Tigo fue válida.

El caso tiene antecedentes desde diciembre de 2020, cuando el anterior jefe de la SIT, José Fernando Monterrosa, fue destituido por negarse a firmar una resolución que otorgaba parte de la banda 700 MHz a una empresa sin subasta.

Marco Antonio Baten Ruiz, quien asumió la jefatura de la SIT en diciembre de 2020, firmó una resolución que reconoció derechos de usufructo a Tigo, lo que generó controversia.

La actual administración de la SIT busca determinar si las decisiones tomadas en 2023 permitieron al Estado obtener el valor adecuado por un recurso estratégico para la conectividad nacional.

La investigación incluye la evaluación de si las subastas fueron una competencia real o un reparto acordado entre empresas, lo que podría llevar a declararlas lesivas al Estado y analizar la nulidad de la resolución de 2020.

Este caso refleja la complejidad de los procesos de licitación en el sector telecomunicaciones y su impacto en la economía y el acceso a servicios públicos.