La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha trasladado al juez Antonio Viejo que la imposibilidad de acceder a la información tributaria de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y del resto de investigados dificulta de forma significativa el desarrollo de la investigación por un presunto delito de corrupción en los negocios.

Los agentes sostienen que disponer únicamente de los movimientos bancarios resulta insuficiente para elaborar un análisis patrimonial completo, ya que consideran imprescindible contrastar esos datos con la información de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según el oficio remitido al juzgado, la combinación de ambas fuentes permitiría detectar posibles ingresos no declarados, comprobar la coherencia entre las declaraciones fiscales y las operaciones bancarias, así como identificar eventuales incrementos patrimoniales injustificados o movimientos económicos destinados a ocultar el origen de determinados fondos.

La Fiscalía respalda la petición de la UCO y ha recurrido la decisión del magistrado, argumentando que retrasar el acceso a esta documentación prolonga innecesariamente la instrucción y perjudica tanto al interés público como a los propios investigados.

El fiscal también considera que la negativa del juez no está justificada, ya que la revisión de las cuentas bancarias, autorizada previamente, supone una medida incluso más invasiva que el acceso a datos tributarios que ya obran en poder de la Administración.

La Sala correspondiente deberá decidir ahora si revoca la resolución del juez y autoriza el acceso a toda la documentación solicitada para completar la investigación patrimonial.